Rafael Menjívar, coordinador de la campaña de recolección de firmas, que serán presentadas a los diputados de la Asamblea Legislativa, en relación a la ley del agua, que es un derecho y no puede ser administrada por la empresa privada. Foto Diario Co Latino/Jorge Rivera.

 

EL SALVADOR-

El Sínodo Luterano Salvadoreña presentó la campaña “Actúa ya, salvemos el agua”, con la que se pretende recolectar firmas para exigir la reforma constitucional que reconozca como derecho humano el agua, asimismo, que sea aprobada la Ley General de Agua.

Santiago Rodríguez, pastor de la Iglesia Luterana, explicó que la campaña se suma a la iniciativa de la Iglesia Católica, con la que se pretende recolectar firmas para ser entregadas a la Asamblea Legislativa.

“La Iglesia Católica lanzó la campaña de un millón de firmas e hizo un llamado a toda la sociedad para unirse a la campaña y nosotros como comunión de iglesias históricas nos hemos unido para integrarnos a esta campaña”, dijo.

Rodríguez enfatizó que la campaña es motivada por el “riesgo de que sea privatizada el agua, no es un invento, es algo real que estamos viviendo”. Asimismo, recordó que el primer anteproyecto de ley general de aguas fue presentado a la Asamblea Legislativa hace más de 12 años.

El Rev. Rafael Menjívar Saavedra, coordinador de la campaña, explicó  al Diario CoLatino que se ejecutará entre el 4 y el 27 de septiembre, durante el lapso de tiempo jóvenes miembros de iglesias y organizaciones sociales recolectarán firmas en centros comerciales y otros lugares de afluencia masiva de personas.

“Vamos a ir a centros comerciales, a universidades, vamos a visitar algunos centros de afluencia pública en donde podamos tener incidencia. Más allá de las firmas lo que nos interesa es que la gente conozca que hay una población moviéndose alrededor de la necesidad de que se apruebe una ley”, dijo Menjívar Saavedra.

El coordinador de la campaña enfatizó que con la iniciativa no solo se pretende pedir la firma a los ciudadanos, sino concientizarles para que conozcan la necesidad de involucrarse en un proceso de gestión para la aprobación de la Ley General de Agua y el reconocimiento constitucional del derecho humano al vital líquido.